Bombardeos: si se bloquea la defensa legítima del Estado, ganan los criminales

Existen diferentes mecanismos para enfrentar cada amenaza. Uno de ellos es el bombardeo.

El bombardeo nunca es una decisión improvisada

El bombardeo es un método de ataque permitido contra objetivos militares lícitos. Su empleo debe ceñirse estrictamente a las normas internacionales, particularmente al Derecho Internacional Humanitario, así como a la doctrina y al derecho operacional colombianos.

El bombardeo es el resultado de un riguroso proceso militar de toma de decisiones en el que interviene un equipo multidisciplinario. Operacionalmente, suele considerarse la última opción, después de analizar los diferentes cursos de acción.

Este proceso exige verificar rigurosamente que se trata de un objetivo militar, establecer la necesidad militar y una ventaja militar concreta y directa, así como aplicar los principios de distinción, proporcionalidad, precaución, humanidad y limitación, buscando siempre minimizar el daño incidental.

Ante todo, los menores son víctimas

Los menores reclutados y utilizados como combatientes son, ante todo, víctimas. Por otra parte, quienes responden ante la ley por este crimen atroz son aquellos que los reclutan y los emplean en las hostilidades, exponiéndolos a las consecuencias de esa participación.

La edad no elimina el peligro material de un arma, pero tampoco disminuye la condición de víctimas de los menores reclutados e instrumentalizados. Varios civiles y miembros de la Fuerza Pública han sido asesinados por menores utilizados por organizaciones criminales, tanto en áreas remotas como urbanas. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay es una muestra dolorosa de esta instrumentalización.

En el marco de las hostilidades, esa condición de víctima no significa que conserven en todas las circunstancias la protección contra ataques directos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que incluso las personas civiles obligadas a participar directamente en las hostilidades y los niños sin la edad legal para ser reclutados pueden perder esa protección, únicamente mientras dure su participación o mantengan una función continua de combate.

Fuente: Comité Internacional de la Cruz Roja, Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el Derecho Internacional Humanitario, página 60.

Ningún niño para la guerra

El Estado y todos los colombianos debemos hacer todo lo posible por evitar el reclutamiento de menores, protegerlos y perseguir con contundencia a los responsables.

La muerte de un menor siempre causará un dolor inmenso, pero también revela una realidad muy cruda.

La tragedia comienza con su reclutamiento, muchas veces favorecido por la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado. En una etapa de la vida marcada por la vulnerabilidad y la búsqueda de identidad, muchos menores creen encontrar en la ilegalidad las oportunidades que su familia, la sociedad y el propio Estado les negaron.

Esta tragedia se prolonga durante su permanencia en la organización criminal armada, que los degrada, explota y somete a los peligros propios del conflicto, incluido el de ser objeto de ataques mientras mantengan una función continua de combate.

Según registros del Ministerio de Defensa Nacional, el reclutamiento de menores disminuyó un 24 % en 2025 frente a 2024 y, con corte al 30 de julio de 2026, se había reducido en una proporción similar frente al mismo periodo de 2025.

Ningún niño para la guerra.

Renunciar a capacidades legítimas puede causar daños mayores

Si se suspende el empleo legítimo de la capacidad de bombardeo, aun cuando se cumplen todas las condiciones legales y operacionales y existe una necesidad imperiosa de proteger a los colombianos, ¿quién responde por esa decisión?

Si, por no actuar, la amenaza causa graves daños, ¿quién responde por los muertos, los heridos y las víctimas de desplazamiento forzado que podrían causar los grupos criminales al no ser neutralizados oportuna y contundentemente?

Toda guerra es dolorosa e inhumana, pero también lo es renunciar a las capacidades legítimas e indispensables del Estado para proteger a su población y evitar daños mayores.

Si se impide la defensa legítima del Estado, ganan los criminales.