26 bombardeos, cero afectaciones a civiles: la presión aérea contra los grupos armados
Un combate cada 20 horas y 26 ataques aéreos sin una sola afectación reportada a personas o bienes protegidos por el DIH: nuestra respuesta a quienes dicen que la Fuerza Pública tiene las manos atadas.
Los bombardeos son una de las herramientas más contundentes, y también de las más debatidas, de la estrategia contra los grupos armados organizados (GAO). En este periodo de gobierno se realizaron 26 ataques aéreos: 9 en Antioquia, 4 en Cauca, 3 en Guaviare, 3 en Norte de Santander, 2 en Chocó, y uno cada uno en Arauca, Caquetá, Casanare, Amazonas y Vaupés, según cifras del Comando General de las Fuerzas Militares. Dos de los principales objetivos de estos ataques, las disidencias de alias Mordisco y el Clan del Golfo, son también, según hemos documentado, los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluido el reclutamiento de menores de edad.
El dato que más hemos insistido en destacar no es el número de bombardeos, sino su resultado: cero afectaciones reportadas a personas o bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esa cifra se acompaña de otra, igual de relevante: una reducción del 71 % en las alegaciones por presuntas privaciones arbitrarias a la vida atribuidas a la Fuerza Pública durante todo el periodo.
Los bombardeos ocurren en el contexto de una presión constante sobre los GAO: la Fuerza Pública combate, en promedio, cada 20 horas (la cifra total acumulada de combates está sujeta a verificación final en las cifras de cierre). Es una relación que hemos usado directamente para responder a una crítica pública recurrente: la idea de que la Fuerza Pública opera con las manos atadas. Combatir con esa frecuencia y, al mismo tiempo, reducir las alegaciones de derechos humanos no son, para nosotros, objetivos contradictorios, sino la prueba de que es posible perseguir ambos a la vez.
Las disidencias de Mordisco y el Clan del Golfo son los principales criminales de guerra que a la vez cometen graves violaciones a los Derechos Humanos al reclutar a los menores de edad y exponerlos a las hostilidades.
La complejidad operativa detrás de estas cifras es real. Los grupos armados han cambiado su forma de operar: se mueven vestidos de civil, en motocicletas, en zonas semiurbanas, y usan cada vez más drones para atacar a la población y a la propia Fuerza Pública. Esa transformación hace mucho más difícil aplicar con precisión el principio de distinción entre combatiente y civil, y explica por qué ni el número de bombardeos ni el de combates puede leerse de forma aislada de la calidad de la inteligencia que los precede.
