La minería ilegal no se combate sola: la articulación entre entidades
Detrás de cada mina ilegal intervenida hay más que un operativo militar: hay una coordinación entre el sector Defensa, Migración Colombia, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Minas que busca entender el fenómeno desde todos sus ángulos.
La minería ilegal no es un fenómeno estático: cambia de forma, se mueve de territorio y utiliza distintos tipos de maquinaria, desde dragas fluviales hasta equipos pesados de extracción. Por eso, la Fuerza Pública ha buscado sentarse con otras entidades del Estado para entender mejor el fenómeno antes de combatirlo.
En esta gestión articulamos el trabajo con Migración Colombia, con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Minas y Energía, entre otros, para abordar la minería ilegal desde distintas esferas: el control de flujos migratorios asociados a esta economía, el transporte del mineral extraído ilegalmente y la regulación del sector minero formal.
El resultado se refleja en departamentos como Antioquia, Chocó y Nariño, donde la minería ilegal impacta con mayor fuerza. Aun así, reconocemos que la Fuerza Pública sola no puede sostener este esfuerzo: cada intervención militar necesita del acompañamiento de las demás entidades para que el territorio recuperado no vuelva a ser ocupado por la misma economía ilegal.
Parte de esa presión se refleja en la destrucción de la maquinaria con la que operan estas minas: entre 2022 y 2026 se incautaron o destruyeron 7.098 dragas y equipos de extracción, un incremento del 70,7 % frente al periodo de gobierno anterior (4.158) y del 170,3 % frente al periodo 2010-2018 (2.626). Como lo hemos dicho: la minería ilegal no es solo un delito ambiental, es también la principal renta de las organizaciones criminales, y por eso atacar su maquinaria es atacar directamente su capacidad de financiación.
