ESCUDO NACIONAL ANTIDRONES: LOS HECHOS
El 29 de agosto de 2026, El Colombiano publicó un artículo sobre el Escudo Nacional Antidrones en el que mezcla evaluaciones técnicas con agendas estratégicas de defensa y, además, malinterpreta cifras presupuestales.
La información fue rápidamente replicada en redes sociales, amplificando las imprecisiones.
Por respeto a la opinión pública, estos son los hechos que permiten aclararlas.
ESCUDO NACIONAL ANTIDRONES
Este proyecto comenzó en enero de 2026 para fortalecer y complementar las capacidades existentes frente a las crecientes amenazas provenientes de drones. Aunque la Fuerza Pública tiene la capacidad de detectar e inhibir alrededor del 90 % de los intentos de ataque con drones, estos son cada vez más frecuentes, se han extendido geográficamente y tienen mayor potencial y probabilidad de causar daño.
Una estimación inicial del Ministerio de Defensa calculó que el Escudo Nacional Antidrones costaría más de $6,2 billones, los cuales corresponderían a recursos extraordinarios, y que su implementación sería progresiva. Para 2026 se proyectó una primera fase de $1 billón, posteriormente ajustada a $800.000 millones debido a limitaciones presupuestales estructurales, según el análisis del Ministerio de Hacienda.
Una inversión de esta magnitud requería una vigilancia tecnológica rigurosa para identificar y evaluar capacidades antidrones tácticas, semifijas y fijas que respondieran a las particularidades del contexto colombiano. Una vez culminada, se avanzaría a las etapas precontractual y contractual.
¿QUIÉN REALIZÓ LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y QUIÉN CONTRATARÍA?
La responsabilidad técnica estuvo a cargo de un equipo de más de 20 uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Al tratarse de una capacidad destinada a toda la Fuerza Pública, se designó a un brigadier general del Ejército Nacional como gerente funcional, además de gerentes de proyecto de cada Fuerza y de la Policía e integrantes de los respectivos comités técnicos, jurídicos y económicos.
La vigilancia tecnológica se desarrolló durante los primeros siete meses de 2026. El comité técnico actuó con autonomía e independencia técnica, sus integrantes cumplieron protocolos de poligrafía y todo el proceso contó con el acompañamiento de los mecanismos de transparencia del Ministerio de Defensa Nacional.
Cuando dos o más Fuerzas adquieren una misma capacidad, la contratación se centraliza en la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional para lograr estandarización, economías de escala y mejores condiciones de negociación. En este caso, el ordenador del gasto para una eventual contratación sería el Secretario General.
En consecuencia, ni el Ministro de Defensa ni los viceministros hicieron parte del comité técnico ni tenían la condición de ordenadores del gasto para una eventual contratación.
¿CUÁNTAS EMPRESAS Y SOLUCIONES SE ANALIZARON?
119 empresas de 21 países mostraron interés en participar. Desde comienzos de 2026 fueron invitadas a probar sus soluciones en Colombia durante marzo y abril, bajo escenarios similares a las condiciones de la amenaza. El cronograma inicial contemplaba avanzar posteriormente a la etapa precontractual y contratar entre junio y julio.
Sin embargo, los resultados obligaron a modificar el cronograma. Muchas empresas no asistieron y remitieron las especificaciones técnicas de sus soluciones; otras informaron que no alcanzaban a importar sus sistemas a Colombia dentro de los tiempos requeridos.
Solo algunas empresas trasladaron sus productos al país. Los evaluadores técnicos de la Fuerza Pública determinaron que las especificaciones anunciadas en fichas técnicas y material comercial no coincidieron plenamente con los resultados de las pruebas ni satisfacían integralmente la necesidad operacional.
Ante estos resultados, la vigilancia tecnológica continuó en los países de origen de empresas interesadas que, por limitaciones de tiempo o logísticas, no pudieron trasladar sus equipos a Colombia.
¿QUIÉNES HICIERON LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN EL EXTERIOR?
La vigilancia tecnológica en el exterior fue realizada por miembros del comité técnico —uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional— acompañados por personal designado del Ministerio de Defensa Nacional para contribuir a las garantías de transparencia del proceso.
Las evaluaciones de las soluciones se realizaron en Estados Unidos, España, Francia, Polonia, Tailandia, India y Lituania.
Estas comisiones técnicas del comité no pueden confundirse con las agendas estratégicas de defensa adelantadas por altos funcionarios del Ministerio de Defensa. Se trata de actividades de naturaleza, propósito y alcance diferentes.
Las agendas estratégicas del sector Defensa hacen parte de la política exterior de Colombia. Durante 2026 incluyeron visitas oficiales de altos funcionarios del Ministerio de Defensa a Venezuela, Ecuador, Catar, Turquía, India, República Checa, Alemania, Francia, Estados Unidos y España, entre otros países.
Estas agendas tuvieron como propósito fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad y defensa, explorar opciones tecnológicas de vanguardia para la Fuerza Pública, promover alianzas para el fortalecimiento de capacidades estratégicas e impulsar iniciativas de alcance internacional contra el crimen transnacional, entre otros objetivos.
¿QUÉ CONCLUYÓ EL COMITÉ?
Ad portas del inicio del actual Gobierno del presidente de la Espriella, la conclusión del comité fue clara y contundente:
“Ninguna de las soluciones evaluadas satisfacía integralmente la necesidad operacional definida [...]. Recomendar una adquisición bajo esas condiciones implicaría aceptar brechas de capacidad y trasladar al Estado riesgos operacionales, técnicos, de integración y sostenimiento.”
El comité también señaló que la vigilancia tecnológica permitió reducir la incertidumbre y sustentar la decisión con evidencia objetiva antes de comprometer recursos públicos y capacidad operacional. Asimismo, recomendó culminar la vigilancia tecnológica, mantener vigente la necesidad operacional, preservar la arquitectura multicapa y continuar con la estructuración y gestión de los recursos requeridos.
En defensa nacional, la urgencia no puede convertirse en improvisación. Acatar esta recomendación técnica no significa que los recursos públicos se hayan “evaporado”. Significa exactamente lo contrario: protegerlos. Los resultados de la vigilancia tecnológica y la conclusión del comité obligaron a modificar el cronograma inicialmente previsto antes de avanzar hacia una adquisición.
Las evaluaciones, hallazgos y conclusiones quedaron documentados para facilitar la continuidad del proyecto. Sin embargo, la decisión del gobierno entrante de no hacer empalme limitó la transferencia directa del conocimiento acumulado sobre esta capacidad estratégica y de urgente necesidad para la seguridad nacional.
Hoy, por encima de cualquier controversia, lo verdaderamente importante es que Colombia continúe avanzando responsablemente en la estructuración y adquisición de esta capacidad frente a una amenaza que sigue evolucionando. El proyecto debe tener la máxima prioridad. No para defender una administración ni una decisión pasada, sino para proteger la vida de nuestros soldados, policías y ciudadanos.
¿EL PRESUPUESTO DEL ESCUDO NACIONAL ANTIDRONES HACE PARTE DE LOS $13 BILLONES DEL CONPES?
No. El presupuesto previsto para el Escudo Nacional Antidrones no hace parte de los $13 billones asegurados mediante el CONPES 4187 de 2026. Estos recursos corresponden al fortalecimiento de otras capacidades estratégicas del sector Defensa, con vigencias futuras a partir de 2027 y durante los ocho años siguientes.
Los $800.000 millones previstos para el Escudo Nacional Antidrones en 2026 correspondían a recursos adicionales, cuya transferencia estaba sujeta a que el comité técnico determinara las capacidades y soluciones que permitieran avanzar responsablemente hacia la adquisición. Al concluir la vigilancia tecnológica sin identificar soluciones que satisficieran integralmente la necesidad operacional, estos recursos no fueron transferidos por el Ministerio de Hacienda para la contratación del Escudo.
En consecuencia, corresponde al actual Gobierno gestionar los recursos necesarios para continuar con el proyecto, tal como quedó señalado en el informe de gestión, en el formato de entrega del puesto y fue informado públicamente en diferentes oportunidades.
UNA REFLEXIÓN NECESARIA
La libertad de prensa es un pilar esencial de cualquier democracia. También lo son el rigor, la precisión y la responsabilidad al informar.
En la era digital, una información imprecisa puede difundirse en segundos, mientras corregirla requiere mucho más tiempo. Sus efectos sobre la confianza, el buen nombre y la reputación pueden permanecer incluso después de aclarados los hechos.
La crítica y el escrutinio público son necesarios. La información rigurosa también.
Los ciudadanos tienen derecho a recibir información veraz e imparcial, y las personas e instituciones tienen derecho al respeto de su buen nombre y dignidad.
“No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría”.
—Jean Cocteau
