La desinformación también pone en riesgo a quien lleva el uniforme
La falsedad más repetida sobre la Fuerza Pública "que se redujo" es contradicha por la serie oficial. Pero el problema no se agota en el dato: la violencia mediática contra militares y policías baja a la calle y llega a las familias.
En el diagnóstico de amenazas a la seguridad del país, la desinformación aparece junto al narcotráfico, la minería ilegal y el terrorismo. No es una figura retórica ni una queja sobre la prensa: es el reconocimiento de que una parte de la disputa por el control territorial se libra hoy en el terreno de la información.
El caso más claro
La afirmación más difundida sobre la Fuerza Pública en los últimos años es que se redujo. La serie oficial del pie de fuerza la desmiente de forma inequívoca: 375.033 uniformados en 2022, 415.007 en 2026, un crecimiento del 10,6% equivalente a cerca de cuarenta mil personas, después de dos periodos consecutivos de caída: del 4,3% entre 2014 y 2018, y del 11% entre 2018 y 2022.
No es una cuestión de interpretación. Es una serie estadística, publicada, verificable y contrastable año por año.
Por qué importa más allá del dato
La desinformación sobre la Fuerza Pública tiene un efecto operacional concreto: erosiona la confianza ciudadana de la que depende el flujo de información, la denuncia y la cooperación en los territorios. Una institución desacreditada opera con menos información, y una institución con menos información comete más errores, lo que a su vez alimenta el descrédito.
Tiene además un efecto sobre las personas. La violencia mediática contra militares y policías no se queda en el debate público: legitima la hostilidad hacia quien lleva el uniforme y, por extensión, hacia su familia. La posición institucional frente a esto ha sido informar de manera oportuna y denunciar los delitos contra el honor y la dignidad cuando se cometen.
