Tres instancias nuevas para un problema viejo
El Sector Defensa creó un Grupo de Transparencia y dos juntas permanentes: una contra la corrupción y otra contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Las tres acompañan los procesos contractuales del sector.
Las oficinas anticorrupción suelen fracasar por una razón estructural antes que por una razón moral: quedan colgadas de una dependencia intermedia, sin acceso directo a quien decide, y terminan produciendo informes que nadie lee a tiempo. La primera decisión de esta arquitectura fue de organigrama, no de discurso.
Un equipo permanente dentro del proceso
La primera pieza es el Grupo de Transparencia del Sector Defensa, un equipo creado en este periodo cuya función, según explicó la Secretaría General del Ministerio en la reunión de empalme de la gestión, es acompañar la totalidad de los procesos contractuales del sector. La diferencia con una oficina de control interno convencional está en el tiempo: una oficina que revisa expedientes cerrados produce hallazgos, un equipo que está dentro del proceso mientras ocurre puede producir un contrato distinto.
Dos juntas, dos delitos distintos
Junto al Grupo se crearon dos instancias colegiadas permanentes. La Junta de Prevención y Lucha contra la Corrupción atiende el riesgo interno: contratación, nómina, manejo de bienes, conflictos de interés. La Junta de Acción para la prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo atiende un riesgo distinto y más específico del sector: el dinero de las economías ilícitas buscando entrar en la cadena de suministro, en los proveedores o en las empresas vigiladas. Separarlas fue una decisión técnica. Son delitos con lógicas, indicadores y contrapartes diferentes, y una sola instancia terminaría atendiendo bien uno y mal el otro.
Actos administrativos, no declaraciones
La arquitectura se acompañó de la expedición de actos administrativos en materia anticorrupción y antilavado de activos. Es la parte menos vistosa y la más determinante: una junta sin norma que la respalde depende de la voluntad del ministro de turno; una junta con actos administrativos expedidos sobrevive al cambio de gobierno. Buena parte de lo que se pierde en las transiciones colombianas se pierde exactamente ahí, en la diferencia entre una práctica y una norma.
