Sin empalme, la verdad queda incompleta
Un empalme de gobierno se parece al relevo de turno entre médicos. Quien recibe no necesita solamente la historia clínica. Necesita escuchar al equipo que entrega, comprender el diagnóstico, el tratamiento y el estado del paciente. La diferencia es que, en este caso, el paciente se llama Colombia.
Una transición de gobierno responsable, profesional y transparente requiere un empalme. Esto permite que quienes reciben conozcan de primera mano qué se ha hecho, por qué se hizo, qué problemas persisten y qué decisiones son prioritarias y no dan espera.
En el sector Defensa esa interacción es aún más importante. Quien asume su conducción debe conocer y comprender información técnica y estratégica, reservada y sensible, que difícilmente puede transmitirse en documentos.
Cuando el Gobierno entrante decidió suspender el empalme el 7 de julio de 2026, se perdió esa oportunidad. Pretender conocer los pormenores de un sector tan amplio y complejo principalmente a través de un derecho de petición con 666 preguntas aumentó el riesgo de llegar a conclusiones incompletas, imprecisas o descontextualizadas.
El Informe de la Verdad contiene varias de esas inconsistencias. El documento tiene cinco capítulos. El capítulo 3 presenta hallazgos relacionados con presuntos hechos de corrupción y registra un caso correspondiente al sector Defensa.
El caso 14: CODALTEC
El informe señala que CODALTEC celebró un contrato para adquirir un sistema antidrones por aproximadamente $60.300 millones y que este hacía parte del denominado Escudo Nacional Antidrones, cuya primera fase tendría una proyección superior al billón de pesos.
También menciona que encontraron observaciones sobre costos, alcance de detección, configuración del sistema y mecanismos de inhibición, entre otros aspectos, que fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes para determinar si existen responsabilidades.
Sin embargo, un informe de este nivel de importancia estratégica exige precisión y contexto. Aunque el informe no identifica expresamente el número del contrato, por sus características se entendería que hace referencia al celebrado entre CODALTEC y el Ejército Nacional en junio de 2025.
De ser así, es necesario aclarar tres aspectos importantes.
El primero es su valor: el valor final del contrato fue de $81.300 millones y no de $60.300 millones.
El segundo es su contexto: ese contrato fue celebrado en 2025 y no corresponde al Escudo Nacional Antidrones, iniciativa que surgió posteriormente, en 2026.
El tercero es lo adquirido. Los equipos comprados mediante este contrato están concebidos para enfrentar determinados tipos de amenaza. Pero ni esos equipos ni ninguno en el mundo, por sí solo, constituye una capacidad integral antidrones.
Si existen dudas, que se investiguen. Si existen responsabilidades, que se determinen. Sin embargo, en este caso el informe no precisa cuáles serían específicamente los hallazgos de presuntos hechos de corrupción. Lo que sí es evidente es que la ausencia de un empalme directo aumentó el riesgo de imprecisiones y descontextualizaciones que pueden generar una interpretación equivocada de cómo Colombia viene fortaleciendo su capacidad para enfrentar esta amenaza.
Un equipo no es una capacidad integral
Una protección efectiva contra los drones exige integrar varios equipos y tecnologías de detección, identificación, seguimiento e inhibición, además de medidas activas y pasivas, sistemas de mando y control, entrenamiento, procedimientos operacionales e incluso un marco normativo que regule su uso y comercialización.
Por esa razón, en 2026 se impulsó una estrategia mucho más amplia denominada Escudo Nacional Antidrones. Una de sus líneas de acción consistió en identificar y adquirir las mejores tecnologías disponibles en el mundo.
Durante más de siete meses se adelantó una exhaustiva vigilancia tecnológica por parte de los equipos técnicos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía. En ese proceso fueron evaluadas tecnologías de 119 empresas de 21 países.
El análisis permitió llegar a tres conclusiones importantes: no existe una solución 100 % efectiva; ninguna empresa concentra por sí sola las mejores soluciones identificadas; y Colombia, requiere una solución diferencial basada en una arquitectura multicapa debido a las particularidades de la amenaza.
Una amenaza que no da espera
Los drones han transformado drásticamente los conflictos contemporáneos. Su capacidad tecnológica para causar daño está evolucionando más rápido que muchas de las contramedidas disponibles.
Aunque cambió el Gobierno, la amenaza continúa. El Gobierno tiene la responsabilidad de avanzar sobre lo construido, gestionar el recurso para la primera fase 2026 estimada en 1 billón de pesos, estructurar los procesos necesarios y adquirir las mejores capacidades disponibles con celeridad, rigor técnico y absoluta transparencia.
Hasta el último día manifestamos nuestra disposición de un empalme con transparencia, legalidad y profesionalismo. Ese intercambio habría permitido aclarar oportunamente muchas de estas inquietudes y evitar pérdida de tiempo y esfuerzos valiosos para la protección del país.
Las controversias políticas pueden esperar. La capacidad antidrones de Colombia no.
